Una misión humanitaria argentina denuncia represión a la protesta en Ecuador


La Misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos integrada por dirigentes sociales argentinos relevó cinco muertes a manos de fuerzas policiales, detenciones arbitrarias, secuestros y planificación de atentados contra líderes sociales durante el paro y los cortes del movimiento indígena en Ecuador.
La misión argentina señala en su primer informe que recabó testimonios y realizó entrevistas en la zona céntrica de Quito, entre otros lugares en La Casa de la Cultura, la Universidad Central y la zona del Parque El Arbolito. Está integrada por el abogado Juan Grabois, dirigente de Patria Grande y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano; Marianela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Claudia Rocca, de la Asociación Argentina de Juristas, entre otros.5 muertos, 6 desaparecidos y 132 detenidos»Recibimos declaraciones provenientes de líderes y lideresas sociales, indígenas, organizaciones de mujeres, voluntarios de salud en los corredores humanos de paz, familiares de jóvenes indígenas fallecidos a manos de las fuerzas policiales, y también recibimos numerosos elementos probatorios (imágenes y videos) que dan cuenta de la vulneración de diferentes derechos», señala el grupo. En base a esa información, la misión argentina elaboró un documento «preliminar con la sistematización de las tipificaciones de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las movilizaciones del paro nacional» que se inició el pasado 13 de junio.

El documento denuncia que cinco personas fueron «asesinadas a manos de las fuerzas policiales, con el uso irregular de armas de disuasión de forma letal». Menciona a Henry Quesada, Marcelino Villa, Wairon Watatuka, Franco Iñiguez y Jon Muenala, las víctimas fatales que «muestran heridas de gravedad producidas por disparos de perdigones e impactos de gases lacrimógenos a corta distancia y en zonas vitales del cuerpo».El informe da cuenta de «132 detenidos de forma arbitraria por ejercer el derecho a la protesta», muchas luego imputadas por delitos como sabotaje, terrorismo o resistencia. Denuncia además «secuestro, persecución y planificación de atentados en contra de la integridad de líderes y lideresas indígenas y sociales, violación al derecho a la protesta social, violación a las garantías judiciales y al acceso a la justicia de los ciudadanos».La delegación argentina reseña que se negó la atención médica en instituciones públicas de salud «por motivos raciales y antiindigenistas, violación a la integridad de las mujeres, evidenciando episodios de humillación, violencia verbal y simbólica y violación a los derechos de niños y niñas». Advierte además que hubo «ataques reiterados a las zonas de paz y de resguardo humanitario, poniendo en grave peligro a miles de personas afectadas por gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad».El informe enumera «ataques armados por parte de organizaciones civiles y fuerzas policiales, basadas en violencia racista y anti-indigenista, censura y bloqueo mediático de la información, bloqueo del servicio de internet y redes sociales y hackeo a cuentas personales de líderes y lideresas indígenas y sociales». Señala, además, que tiene «información y testimonios que dan cuenta de seis casos de desaparición de personas» que participaban de las movilizaciones.Grabois: «Asesinatos, torturas y desapariciones forzadas»El grupo hizo su presentación este sábado con un encuentro con la prensa en Quito. Más tarde y en su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador que analiza el pedido de destitución de Lasso, el dirigente Juan Grabois aseguró: «Hemos constatado asesinatos, torturas, desapariciones forzadas. Hemos podido escuchar declaraciones que automáticamente se convertían en una invitación a lo que podríamos denominar comandos civiles para que enfrenten por cuestiones de clase y de raza a los manifestantes».

El también abogado denunció haber recibido «un mensaje intimidatorio» por parte de la policía ecuatoriana a través de Twitter y exhortó a que «todos los poderes del Estado tomen conciencia de la importancia de garantizar la paz». Por su parte, los congresistas ecuatorianos le expresaron que «todas las organizaciones originarias y todos los dirigentes incluyendo los más estigmatizados no eran responsables de los desmanes», de acuerdo a un comunicado de la misión argentina.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/432355-una-mision-humanitaria-argentina-denuncia-represion-a-la-pro

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