Un revés a la ofensiva judicial del macrismo


La tapa de Página/12 del 9 de enero de 2017 mostraba a Mauricio Macri, que llevaba poco más de un año como presidente, con toga y un martillo de juez. “JUSTICIA ILEGITIMA”, decía el título. Por esos días todavía no se veía con toda nitidez el uso político del aparato judicial y su alianza mediática, apenas se usaba la palabra “lawfare” y si bien había ciertas detenciones arbitrarias como la de Milagro Sala, aún no eran masivas ni llevaban el nombre de “doctrina Irurzun”. Pero la ofensiva judicial estaba en plena configuración y este diario advirtió que al filo del final del año que acababa de terminar se había aprobado sin mucho ruido una ley que era una apuesta fuerte de Cambiemos en la batalla contra sus adversarios políticos: creaba un mecanismo para elegir a dedo a los integrantes de los tribunales orales federales, es decir, aquellos que dictarían sentencia en los casos “de corrupción”.
El macrismo confiaba en buena parte de los jueces de primera instancia de Comodoro Py, pero no en los tribunales orales existentes, quería dominar los nuevos, e incluso ponía obstáculos para ciertos concursantes que aspiraban a integrarlos. Esos tribunales eran y son claves, porque definen la suerte de los expedientes. Son el escenario judicial donde se juegan las principales cartas y las pruebas dirimentes. Y tienen facultades para revisar todo lo que hicieron los jueces que actuaron en las etapas anteriores. La sentencia que sobreseyó a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y empresarios en la causa Hotesur/Los Sauces es la tercera de este año con la que un tribunal oral desnuda el mecanismo de las causas armadas y/o con figuras penales forzadas. Las otras dos son las que determinaron que no había razones (delitos) que motivaran hacer un juicio en el caso del Memorándum con Irán y en el del Plan Qunita. En una cuarta incluso la Cámara de Casación Penal Federal, una instancia más alta aún que la de los tribunales de juicio, dijo que no había delito en el caso “dólar futuro”. Es ineludible decir que todas estas fueron causas donde la instrucción estuvo a cargo del fallecido Claudio Bonadío, quien contó con la complicidad de colegas para quedarse con algunas de ellas o clonarlas, e hizo escuela. En este período histórico estas “investigaciones” penales tuvieron un nombre: CFK. Mientras fueron instruidas sirvieron para llenar tapas de diarios y alimentar la apuesta de desgastar a la actual vicepresidenta. Pero la “hora de la verdad”, llega en la etapa de juicio oral. La noticia que hay que sumar a la de los sobreseimentos es que el plan del macrismo de conquistar tribunales orales federales naufragó, fue un fracaso. En parte porque todavía hay cierto impulso reflejo dentro del propio sistema judicial que ha evitado el grotesco extremo. Esto explica también que algunos referentes de Juntos, como Patricia Bullrich, salieran a decir después del fallo en Hotesur-Los Sauces, la palabra “impunidad” y a reclamar una “justicia independiente”, la muletilla que usan cuando una sentencia no les gusta. Es una gran paradoja –aquella falsa proclama de la “independencia”– si nos detenemos un instante para refrescar el mecanismo que quiso usar el gobierno de Macri para tener a los tribunales orales a sus pies, pero le salió mal. No es que interese revolver el pasado, sino ver los efectos actuales y entender las proclamas con las que insisten. El 30 de diciembre de 2016 se votó la ley 27307 “de fortalecimiento de los tribunales orales en lo criminal federal y de los tribunales orales en lo penal económico”. Para ese entonces en Comodoro Py había seis tribunales orales federales (TOF), dos en proceso de conformación por concursos y otros cuatro proyectados. Aquella ley preveía que seis TOF quedarían armados gracias a la mágica conversión de seis tribunales orales ordinarios –dedicados a juzgar delitos, comunes, como robos, hurtos, estafas, también homicidios— en federales. O sea, jueces y juezas que habían concursado para ocuparse de delitos ordinarios obtendrían cargos en la justicia federal, gracias a una mayoría simple del Consejo de la Magistratura, que por entonces manejaba el macrismo. Antes de comenzar a poner esa estrategia en marcha, ese sector intentó dilatar la conformación de los tribunales 7 y 8, en especial este último, con el desplazamiento de dos mujeres que eran las mejor posicionadas, Sabrina Namer y María Gabriela López Iñíguez. No les importaba su idoneidad, sino que no formaban parte del grupo de magistrados/as que imaginaban dóciles antes sus imperativos. Como era todo tan alevoso, apuraron sin concurso la generación de otros TOF, y así fue como transformaron el tribunal criminal 10, en tribunal federal 9, trasladando a la jueza Silvia Mora y los jueces Alejandro Nocetti Achával y Alejandro Becerra. Era tal el apuro que fuera el tribunal que recibiera las primera causas importantes contra CFK o vinculadas a su gestión, que con la anuencia de la Cámara de Casación ese TOF9 fue incluido en el sorteo de expedientes sin tener la habilitación de rigor de la Corte Suprema. Le tocaron las causas del Memorándum y la de la “ruta del dinero K”, como se llamó a la que tuvo como protagonista a Lázaro Báez por lavado. Hay que reconocer que fue la propia Corte la que frenó aquel invento: anuló el sorteo de causas asignadas y dejó sin efecto la designación de los jueces. Votaron Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Aquel episodio hizo montar en cólera al exministro de Justicia, Germán Garavano, que empezó a hablar de una “mayoría peronista” entre los cortesanos. La conversión de tribunales para poder elegir jueces/zas quedó trunca. El gobierno de Macri siguió haciendo “traslados” en otros cargos para elegir su propia “justicia”, y muy a la larga la Corte también lo cuestionó, con el argumento de que no puede haber traslados definitivos, como en los casos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, nombrados por traslado en la Cámara Federal, y que todavía siguen ahí porque no terminó el concurso los puestos que ocupan. Es relevante revisar esta trama antes de caer en el binarismo que todo lo reduce a un esquema de castigo versus impunidad, o que dicta que si un fallo no agrada el apetito político/económico el destino de quien lo firmó es la destitución o la persecución hasta que renuncie. Aunque es obvio decirlo, eso es lo contrario de la garantía de independencia. Pasa algo más que interesante en los tribunales orales federales: no hay posturas uniformes o unívocas, hay ideas jurídicas en pugna, es precario hacer una lectura política lineal de las decisiones o atarlas a si sus autores/as tuvieron alguna relación o no con Justicia Legítima. Lo que irrita hoy a la oposición política/económica/mediática son las sentencias que muestran los hilos de causas que tuvieron mucho de armadas. Esto no invalida los interesantes debates jurídicos, por ejemplo, sobre el lavado de activos, y las “bibliotecas” que se pueden aplicar. Lo que incomoda es que haya fallos que expliciten que se acusó y en ciertas ocasiones hasta se privó de la libertad por un delito inexistente. Que, como el de Los Sauces/Hotesur, tomen como ejemplo el fallo de la Corte de Brasil que derribó las acusaciones contra Lula, que digan que desde hace añares hay un delito comodín, el de “asociación ilícita”, que es peligroso y uno de los grandes emblemas de las persecuciones políticas. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/385673-un-reves-a-la-ofensiva-judicial-del-macrismo

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