Todos los caminos de Boluarte conducen a la represión | La ultraderecha peruana aliada al Gobierno planea heredar el poder

Página/12 en Perú

Desde Lima 

Este sábado, la represión llegó al interior de las universidades. Como en tiempos de las dictaduras, la policía ingresó violentamente a la Universidad Nacional de San Marcos en Lima, la más antigua y grande del país. Lo hizo para detener a quienes desde distintas regiones, especialmente andinas, han llegado a la capital para sumarse a las movilizaciones antigubernamentales de los últimos días en la llamada “toma de Lima”.

 Estaban alojados en el lugar desde hace tres días. Los estudiantes les abrieron las puertas de la universidad con la oposición del rectorado. Una tanqueta derribó una puerta de rejas y un numeroso contingente policial ingresó violentamente. Hubo más de 200 detenidos. Los policías armados con fusiles también entraron con violencia a la residencia universitaria. Congresistas de izquierda llegaron hasta la universidad para ver la situación de estudiantes y pobladores alojados ahí, pero la policía no los dejó entrar. También impidieron el ingreso de abogados para que asistan a los detenidos.

Esto ocurrió cuando la crisis se agudiza, las protestas en distintas regiones continúan y la represión sobre la que se sostiene el gobierno de Dina Boluarte sigue matando. Este sábado murió en Puno un poblador que había sido herido de bala el viernes. Ya son 46 los muertos confirmados por disparos de policías y militares desde que se iniciaron las protestas en diciembre, siete de ellos adolescentes. También hay un policía muerto. La cifra global de fallecidos durante las protestas sube a 57 con las muertes por causas relacionadas por los bloqueos de vías, como no poder llegar a un centro médico. Hay cerca de un millar de heridos.

La indignación por la represión ha multiplicado las protestas que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso de mayoría derechista, elecciones para este año, un referéndum para una Asamblea Constituyente y sanción para los culpables por tantas muertes. Algunos sectores también demandan la libertad de Castillo. El gobierno de Boluarte tiene la terrorífica estadística de más de un muerto por día.

El Gobierno dice que respeta el derecho a la protesta, pero la criminaliza y la reprime violentamente. La intervención policial en la Universidad de San Marcos busca intimidar y desmovilizar a los numerosos pobladores que han llegado a Lima desde distintas regiones para protestar en la capital, donde el jueves y viernes hubo masivas movilizaciones que fueron reprimidas y dejaron más de 60 detenidos. Este sábado, por tercer día consecutivo, las protestas tomaron el centro de Lima. Al cierre de esta nota, transcurría pacíficamente.

Manifestantes han intentado tomar aeropuertos y atacaron comisarías, oficinas públicas y algunas empresas privadas. La respuesta represiva tirando a matar ha sido brutalmente excesiva. El Ejecutivo, la mayoría de derecha del Congreso y los medios, pretenden generalizar esas acciones violentas para desacreditar las protestas y justificar la represión. Se han denunciado infiltrados que provocan violencia con esa misma intención.

Las protestas iniciadas en el sur andino por la destitución de Castillo –visto por esas poblaciones como un presidente cercano a ellos, por razones de identificación social y étnica antes que políticas– y por una explosión de hartazgo por una histórica pobreza y discriminación que sufren, se han extendido a casi todo el país en un desborde de rabia multiplicada por las muertes. Esa respuesta del Estado expresa a balazos un desprecio contra las poblaciones andinas, víctimas del racismo y la marginación de las elites y ahora epicentro de las mayores protestas. La indignación también crece por un discurso oficial que felicita a las fuerzas de seguridad que disparan a manifestantes y que acusa a quienes se movilizan en las protestas de terroristas o de estar pagados para manifestarse. Las voces exigiendo la renuncia de Boluarte no solamente no se han apagado por la brutal represión, sino que suben en cantidad e intensidad.

“Boluarte encarna la tiranía de la ignorancia. Su comportamiento es sumamente despótico y su nivel de conocimiento del país y de la política es bajísimo. Su renuncia es la salida mínima para que la situación pueda tranquilizarse. Es muy difícil precisar qué tan cerca puede estar eso, pero en cualquier momento su gobierno puede colapsar porque está muy resquebrajado por las muertes y por su reacción encubridora y defensora del desempeño de las fuerzas armadas y policiales, a las que después de tantas muertes ha sacralizado diciendo que han tenido un comportamiento ‘inmaculado’, lo que revela la mente extraviada de esta señora. Las protestas de estos días en Lima, que a pesar de su desorden y dispersión han sido fuertes y muy intensas, han debilitado más a Boluarte. Se ha comenzado a erosionar el campo que la apoya. Cada día hay más violencia y muertos. Eso es insostenible. Las protestas van a continuar. Cuando quedó claro que el abuso extremadamente abusivo de las armas corresponde a un patrón de comportamiento no solo de policías y militares, sino del Gobierno, las poblaciones del interior del país han dicho que no se rendirán hasta que se vaya Boluarte”, le señaló a Página/12 el sociólogo Carlos Reyna.

Si renuncia Boluarte, la reemplazaría el presidente del Congreso. El problema, y el riesgo, es que ese cargo lo ejerce un general retirado de ultraderecha, José Williams, acusado de violaciones a los derechos humanos. Esto amenaza profundizar el autoritarismo puesto en marcha por Boluarte. Por eso, las demandas populares también exigen la renuncia de Williams para que se recomponga la mesa directiva del Congreso y se elija como reemplazante de Boluarte a una figura que pueda generar cierto consenso, que no sea parte de la ultraderecha. Pero la mayoría derechista que controla el Congreso sostiene a Williams. Hay consenso en analistas que solo una persistente presión popular podría hacer retroceder al Congreso y obligar al cambio de Williams. Los manifestantes aseguran que no aceptarían una eventual presidencia del general Williams y que de darse eso, las protestas se mantendrían.

Sectores como la Iglesia Católica se han ofrecido a mediar para un diálogo. Pero con sus ataques –represivos y verbales– contra las multitudes, el Gobierno ha cerrado esa puerta. La ultraderecha aplaude la represión contra los sectores populares y pide más. Sectores empresariales ven su oportunidad de acallar los reclamos por derechos y dicen que hay que tratar las protestas como “una guerra”.

Boluarte gobierna de la mano con la ultraderecha y los militares. Ellos la sostienen. Y ella juega para sus nuevos aliados. Esa derecha espera mantener y profundizar el gobierno autoritario iniciado por Boluarte ganando las próximas elecciones. Tienen un gran poder económico, el apoyo de los principales medios y ahora el respaldo del Gobierno y de la represión.

“Está en desarrollo un plan para instalar un régimen autoritario, para que la derecha gane las próximas elecciones. Boluarte es un peón de esa derecha, que está hegemonizada por una extrema derecha alucinada, que dice que todo es terrorismo. Uno de los legisladores de esa ultraderecha ha propuesto un Proyecto de Ley para autorizar a disparar contra manifestantes con el único requisito de que haya más manifestantes que miembros de las fuerzas de seguridad. Eso es una locura, pero ese es el tipo de liderazgo que tiene la extrema derecha peruana. Si ganan las elecciones van a gobernar con esa lógica”, advierte el sociólogo Reyna.

Como “un hito de la dignidad ciudadana” y de las más grandes que se recuerden, califica Reyna las protestas populares que sacuden el país. Indica que en Lima han sido duramente reprimidas con gases lacrimógenos y perdigones, pero en las provincias la represión ha sido con disparos de fusiles y pistolas. “Esta clarísima diferencia en la represión es una forma de discriminación terrible, aberrante, según la cual a los provincianos, sobre todo a los de las zonas andinas, se les puede disparar y matar sin problema, pero en Lima no. Estoy completamente seguro que esa forma de razonar explica por qué no hay muertes en Lima”. 

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