Perú: tregua de Navidad bajo estado de emergencia | Los movimientos sociales retoman las protestas el 4 de enero 

Desde Lima

Con un gobierno que se ha estrenado con más de veinte muertos por la represión contra las protestas sociales, el Perú cierra el año con una frágil tregua. Es una tregua navideña y de fin de año en las movilizaciones sociales que tomaron buena parte del país, especialmente las regiones andinas, luego de la destitución el 7 de diciembre del hoy encarcelado expresidente Pedro Castillo. Movimientos sociales y gremios han anunciado el reinicio de las protestas desde el 4 de enero. El país está militarizado bajo el estado de emergencia, y el gobierno, con el apoyo de la mayoría parlamentaria de derecha, convertida en el nuevo oficialismo, y los principales medios de prensa, mantiene un discurso que criminaliza las protestas y justifica la represión. Hay incertidumbre y temor por lo que pueda ocurrir.

Gira presidencial

La presidenta Dina Boluarte inició el viernes una gira por las regiones del sur andino, epicentro de las protestas más duras y donde a partir de enero se ha convocado un paro regional. Ha ido con el mensaje de ofrecer inversiones en esas zonas, que son las más pobres del país, y de mostrarse abierta al diálogo. Pero la violenta respuesta gubernamental a las protestas, con un saldo de 28 muertos, 22 de ellos caídos por disparos de las fuerzas de seguridad, y un discurso desde el poder político y mediático que estigmatiza a los pobladores movilizados como “vándalos”, “extremistas”, “violentistas” y “terroristas”, han exacerbado la indignación popular y son un obstáculo para un diálogo que pueda calmar la convulsión social.

Antes de partir de gira por las zonas más convulsionadas, Boluarte se reunió con la prensa extranjera en Palacio de Gobierno, ante la cual descartó la posibilidad de renunciar, un reclamo que ha crecido por la violenta represión y su notoria alianza con la derecha y los militares. Señaló que el adelanto de elecciones generales, la principal demanda en estas movilizaciones, ya se ha dado. Pero las elecciones adelantadas serán en abril de 2024, un plazo que con un Congreso y un Ejecutivo altamente desacreditado es visto como muy lejano por una demanda popular que exige “que se vayan todos” cuanto antes y quiere elecciones para 2023. Indicó que legalmente no es posible cerrar el Congreso, rechazado por más del 80 por ciento de la población, otra de las demandas en las protestas. Las movilizaciones también reclaman un referéndum para una Asamblea Constituyente, lo que ha sido rechazado por la mayoría parlamentaria de derecha.

Un sector de las poblaciones movilizadas exige la liberación del expresidente Castillo, en prisión acusado de rebelión y conspiración por haber intentado cerrar el Congreso. El respaldo que conserva Castillo tiene que ver con la identificación de poblaciones andinas con un presidente de origen campesino y andino como ellos cuyo triunfo electoral fue visto como una reivindicación histórica por esas poblaciones y que como ellos ha sido maltratado por el racismo de las élites, antes que con el apoyo a un gobierno que fue deficiente, abandonó las promesas de cambio y estuvo manchado por la corrupción. Boluarte indicó que ella no es responsable por la situación actual del exmandatario. “Dina no ha movido una sola pestaña para que a Pedro Castillo le suceda lo que le ha sucedido, para que esté preso”. Señaló que la liberación de Castillo no dependía de ella, sino del Poder Judicial. El jueves, una sala de la Corte Suprema confirmó la detención preventiva de Castillo por 18 meses. Desde la prisión, durante la audiencia judicial virtual, Castillo, que lucía incipientes bigote y barba, acusó de “tiránico” al gobierno de Boluarte y calificó su carcelería como “injusta”, producto de “una venganza política”. Al tiempo que se confirmaba su detención, en el Congreso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobaba con 16 votos a favor y 6 en contra la acusación de la Fiscalía en su contra por organización criminal y tráfico de influencias por el direccionamiento de licitaciones a cambio de sobornos. Es el primer paso para levantarle el fuero por esta acusación.

Con la prensa extranjera

En su encuentro con la prensa extranjera Boluarte estuvo acompaña por seis de sus ministros, a quienes les pidió responder algunas preguntas. Rechazó las afirmaciones que la señalan de ser responsable de la caída de Castillo: “Los que están liderando estas movilizaciones les han dicho a mis hermanas y hermanos del Perú profundo que Dina Boluarte ha dado un golpe a Pedro Castillo y eso no es cierto, yo asumí la presidencia en un mandato constitucional luego del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo (al intentar sin éxito cerrar el Congreso)”. Admitió que hay razones que justifican el descontento social -pobreza, marginación, demandas largamente no atendidas, una clase política desacreditada-, pero defendió la decisión de su gobierno de sacar a los militares para reprimir las protestas. Una decisión que dijo era “necesaria” porque “se bloquearon carreteras, se tomaron aeropuertos, quemaron comisarías y oficinas, eso no es una protesta pacífica”. Eludió profundizar en la represión y puso el acento en los actos de violencia durante las protestas, que atribuyó a supuestos “azuzadores”. “Nosotros no hemos generado la violencia”, se defendió, desconociendo la responsabilidad de su gobierno en la violencia represiva.

“Cuando asumí el cargo de presidenta no pensé que iba a haber esta violencia. La policía y el ejército salieron a defender la vida de todos los peruanos y peruanas”, se justificó la presidenta. Pero lejos de “defender la vida” de la población, la actuación de militares y policías ha dejado más de veinte muertos y centenares de heridos. Un video ha mostrado como los militares disparan contra un hombre que estaba arrodillado ayudando a un herido y lo matan. Hay manifestantes que han recibido disparos por la espalda. Esto desmiente la versión oficial que las muertes ocurrieron en enfrentamientos con manifestantes violentos. Hubo actos de violencia en las protestas, que no justifican disparar contra pobladores desarmados, pero no fueron la marca de la mayor parte de las movilizaciones, como quiere hacer creer la derecha. “Las muertes me duelen en el alma. No vamos a permitir la impunidad. Que se investigue y se individualicen los hechos. La Fiscalía y el Poder Judicial cumplirán su rol”, aseguró Boluarte. Hasta ahora no hay una investigación que señale responsabilidades. El gobierno ha retrocedido de su cuestionada postura inicial de que sea el fuero militar el que se encargue de las investigaciones.

– ¿Qué responsabilidad asume el gobierno por las muertes causadas por la represión?, preguntó Página/12. La respuesta la dio el jefe del gabinete ministerial Alberto Otárola, que fue ministro de Defensa en los días más duros de la represión. “Las muertes son lamentables. Las investigaciones se van a llevar a cabo, pero asegurando el debido proceso y el derecho a la defensa de los investigados. Hay un apoyo incondicional a la misión constitucional de las Fuerzas Armadas de garantizar el orden interno, la seguridad”. Fiel al discurso de criminalizar las protestas, las calificó como “un atentado organizado contra la democracia”. Olvidando el alto costo en vidas de la represión, Otárola señaló que las decisiones del gobierno para enfrentar las movilizaciones sociales “han sido las más adecuadas y acertadas”. Una afirmación que con el anuncio de nuevas protestas ha sonado a una amenaza de repetir la represión con balas y muertes. 

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