Desde Lima
El presidente Pedro Castillo ha obtenido un triunfo en el plano internacional en el enfrentamiento que mantiene con el Congreso opositor que lo quiere destituir del cargo acusándolo de corrupción. El “respaldo y solidaridad” que por unanimidad le han dado los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la decisión de aplicar, a pedido de su gobierno que ha denunciado “una conjura golpista” del Congreso y la fiscalía, la Carta Democrática Interamericana para la crisis en el Perú, le da un respiro a un mandatario que -por el acoso opositor que monopoliza los medios y sus deficiencias- se mueve al borde del abismo. En una reunión extraordinaria de su Consejo Ejecutivo el organismo americano expresó su preocupación por la democracia en el país andino y decidió, también por unanimidad, enviar una misión al Perú para que analice la situación en ese país y emita un informe.
En la oposición ha caído muy mal esa decisión de la OEA. Desnudando su falta de coherencia, quienes el año pasado recurrieron a la OEA para buscar anular el triunfo electoral de Castillo alegando un fraude electoral inexistente, ahora descalifican la llegada de la misión de ese organismo diciendo que se trata de “una intervención extranjera”. La oposición parlamentaria ha advertido que seguirá con sus acciones para destituir a Castillo sin importar lo que este organismo pueda decir. Por su parte, el canciller peruano, César Landa, señaló ante la OEA que el gobierno esperaba que la misión que viajará a Lima ayude a resolver la crisis política y expresó la voluntad del gobierno de entablar “un diálogo sincero” con la oposición. Pero en el bando opositor no hay señales de aceptar un diálogo con el gobierno.
Mecanismo de desestabilización
En referencia al intento de destituir a Castillo con acusaciones de corrupción, el representante argentino en la OEA, Carlos Raimundi, señaló que resultaba “muy familiar este mecanismo moderno y más sofisticado de desestabilización, de crear un clima de escarnio público a determinadas figuras políticas y después utilizar algunos mecanismos institucionales para consolidar la condena que previamente se quiso instalar en la sociedad”.
La fiscalía ha presentado ante el Congreso una acusación contra Castillo señalándolo de encabezar una organización criminal para beneficiarse con licitaciones públicas. Se basa en declaraciones de más de media docena de procesados por corrupción, dadas a cambio de evitar ir a prisión preventiva en los procesos en su contra. Buena parte de esos colaboradores de la fiscalía que lo acusan han formado parte del entorno más cercano de Castillo, lo que complica al mandatario. Hay evidencias como para profundizar las investigaciones al presidente, pero hasta ahora la fiscalía no ha presentado pruebas sólidas en su contra. Pero la oposición y el coro mediático ya condenaron a Castillo.
Para destituir al presidente, la derecha busca desconocer un artículo de la Constitución que prohíbe acusar a un mandatario en ejercicio por los delitos que la fiscalía le imputa a Castillo. Como planes alternativos, apuesta a su “suspensión temporal” mientras la fiscalía profundiza las investigaciones -que en los hechos sería una destitución-, aplicando un artículo constitucional hasta ahora no reglamentado; o insistir por tercera vez en una destitución por la ambigua figura de la “incapacidad moral permanente”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que esta figura “pone en riesgo la estabilidad democrática por su falta de definición y su uso reiterado”. Un llamado a no aplicarla. Pero la oposición no piensa escucharlo. Lo único que le impide hasta ahora intentar por tercera vez una destitución por esa razón es que no tiene la seguridad de conseguir los votos de dos tercios del Congreso que necesita. Presiona a legisladores de centro derecha y derecha que no se han sumado a esa iniciativa para que la respalden, acusándolos de corruptos si no apoyan la destitución de Castillo.
Castillo asegura que las acusaciones en su contra son falsas. “Las fuerzas políticas que sumieron al país en el más grande proceso de corrupción de la historia nacional en los años 90 (una referencia al fujimorismo), ahora impulsan una modalidad de un nuevo golpe de Estado. Quieren que yo me vaya para que ellos gobiernen sin haber sido elegidos. Toda la comunidad es testigo de la guerra para deslegitimar mi gobierno. Hay una estrategia de demolición de la imagen presidencial. Las pruebas de la instrumentalización política de la justicia son obvias, irrefutables. Procesan a funcionarios de mi gobierno para arrancarles falsas declaraciones con el objetivo de comprometerme en delitos que nunca cometí”, señaló Castillo en un mensaje a la Nación.
La misión de la OEA deberá analizar las acciones de la oposición para destituir a Castillo. Los antecedentes señalan que la ultraderecha, el sector que le marca el ritmo a la oposición, desconoció el legítimo triunfo electoral de Castillo y después ha maniobrado para derrocarlo desde el primer día de su gobierno. Ahora sus voceros se disfrazan de cruzados anticorrupción para justificar su plan golpista. Pero la realidad es que tienen un largo historial que los enlaza con la gran corrupción política que ha afectado al país en las últimas décadas y ahora buscan tomar el poder que perdieron en las elecciones para instaurar un régimen ultraconservador, recuperar la fuente de ingresos ilegales desde el aparato público que han perdido y lograr el control institucional que les permita asegurar impunidad para sus dirigentes acusados de corrupción, como Keiko Fujimori, procesada por lavado. Eso es lo que se juega.
