Oil Combustibles: El fallo para una causa montada sobre la persecución judicial

Este jueves 16, el Tribunal Oral Federal 3 dará a conocer el veredicto en el juicio de Oil Combustibles. Las audiencias llevaron nada menos que dos años y medio y, antes del cierre, los tres imputados, Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián De Sousa, dirán sus palabras finales. Todo indica que serán breves, se tomarán unos 15 minutos cada uno, y el Tribunal luego fijará la hora de la audiencia, para esa misma tarde, en que se leerá la decisión final. El delito por el que se acusó a Echegaray, López y De Sousa es el de defraudación contra el Estado, pero la imputación sufrió un golpe durísimo al comienzo del propio juicio cuando un peritaje realizado por especialistas de la Corte Suprema dictaminó que no había deuda fiscal exigible, es decir que Oil Combustibles se acogió a cuatro planes, dos planes generales –automáticos y por internet– y dos particulares –también otorgados a otras 1200 empresas e individuos– y estaba cumpliendo con las cuotas. En realidad, la historia detrás del expediente es de persecución política, al punto que el expresidente Mauricio Macri se quejó públicamente cuando López y De Sousa fueron excarcelados. El objetivo de la persecución fue presionarlos para que vendieran la petrolera y, además, sus medios de comunicación como C5N y Radio 10. Es más, la previa de la acusación fue una reunión en la casa de Franco Macri en la que el expresidente le reclamó a López que pusiera los medios en línea con la ofensiva para encarcelar a Cristina Kirchner. Ante la negativa de López, arrancaron las presiones, el estrangulamiento de las empresas y hasta las detenciones para obligarlos a vender. En cada caso, aparecieron amigos del gobierno macrista ofreciéndose como compradores a precios de liquidación.
Los jueces Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos encabezan las audiencias que empezaron hace ya dos años y medio, aunque hubo una suspensión de cinco meses por la pandemia. López y De Sousa estuvieron presos 22 meses en el penal de Ezeiza y la mesa judicial de Macri arrasó con los dos camaristas –Jorge Ballestero y Eduardo Farah– que dictaron la excarcelación y sostuvieron que, en el peor de los casos, lo que existía era un delito tributario. El expresidente se despachó con la famosa frase “no era lo acordado”.
El veredicto del jueves no sólo tiene importancia respecto de Echegaray, López y De Sousa. A lo largo del juicio se exhibió la denominada “matriz de persecución”, es decir que dentro de la AFIP se armaron «grupos de tareas» –así se llamaron– dedicados específicamente a algunos contribuyentes no alineados con el macrismo. Lo que se evidenció fue que se entraba de manera indiscriminada al sistema, violando el secreto fiscal, que intervinieron funcionarios de la AFIP fuera de su jurisdicción y que hicieron presentaciones judiciales integrantes del ente recaudatorio sin tener habilitación. Parte de los funcionarios que participaron de esa matriz de persecución declararon en el juicio, pero los testimonios terminaron siendo arrasadores en contra de la imputación.También el veredicto tendrá mucha importancia para funcionarios de carrera de la AFIP que firmaron los planes otorgados a Oil y que vienen sosteniendo que no hicieron otra cosa que aplicar las normas vigentes, a tal punto que con los mismos planes se beneficiaron miles y miles de contribuyentes. Como es obvio, ningún administrador de la AFIP –en este caso Echegaray– podía otorgar planes sin los dictámenes previos de la línea de directores de área. Pero, además, los planes de pago de la AFIP fueron una política del gobierno de Cristina Kirchner: facilitarles las cosas a las empresas para no poner en riesgo los puestos de trabajo y, en lo posible, crear nuevos empleos.
Un hecho impactante es que en el mismo año en que López y De Sousa terminaron presos por el supuesto no pago de impuestos, Macri hizo aprobar la ley 27.260, a la que llamó pomposamente Ley de Reparación Histórica de Jubilados. La realidad fue que mientras se «repararon» muy pocos pesos a los jubilados –a algunos ni siquiera les pagaron todavía la reparación–, la norma incluyó un gigantesco blanqueo y una moratoria que le permitió blanquear, por ejemplo, 31 millones de dólares a Gianfranco Macri. Es decir, Gianfranco –acusado por Mariano Macri de ser testaferro de su hermano Mauricio– pudo legalizar fondos que había evadido. Este año se descubrió que también en aquella oportunidad los Macri blanquearon otros 25 millones de dólares que estaban a nombre de la madre, Alicia Blanco Villegas, cuando la norma prohibía expresamente que padres o madres de funcionarios del Poder Ejecutivo accedieran al beneficio.
El fiscal Juan García Elorrio pidió más de cuatro años de prisión para los tres imputados alegando que los planes estuvieron mal otorgados porque López y De Sousa utilizaron el dinero para financiar el crecimiento del Grupo Indalo. Ante los alegatos de las defensas –León Arslanián y Martín Arias Duval de Echegaray, Carlos Alberto Beraldi de De Sousa y Fabián Lértora de López–, que sostuvieron que no había ningún delito ni en los planes ni en el manejo de los fondos, el fiscal García Elorrio ni siquiera atinó a responder. La réplica del fiscal es más que habitual en los juicios, pero en este caso el representante del Ministerio Público no tuvo contestación.
A fines de noviembre, el TOF 3 dispuso
devolverles la administración de los bienes de Oil Combustibles a sus dueños, López
y De Sousa, que desde entonces volvieron a manejar plenamente la empresa, sólo
con un veedor judicial como control. Fue tal vez en el único gesto que puede
dar pistas acerca de la resolución que tomará el tribunal que se ha
caracterizado por un absoluto hermetismo.