Militares y policías desalojaron una planta de bombeo de gas en Perú

Foto Agencia Andina
Foto: Agencia Andina

Un contingente de militares y policías desalojó este domingo una planta de bombeo de Gas en la región de Cusco, en el sur de Perú, que estaba tomada por manifestantes desde hacía 12 días, en el contexto de la reciente ola de protestas en el país, se informó oficialmente.

El operativo, que se topó con la resistencia de los ocupantes y de otros manifestantes fuera de la planta, se produjo en las inmediaciones de las instalaciones de Camisea, en Kepashiato, en la provincia cusqueña La Convención.

Por los incidente resultaron “dos policontusos leves que fueron atendidos en el centro de salud de Kepashiato” y “ya fueron dados de alta”, informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en un comunicado en el que subrayó que estaba “absolutamente descartado que existan personas heridas por arma de fuego”.

El diario La República había informado más temprano que había dos heridos y se investigaba si habían sido alcanzados por proyectiles de armas de fuego, y cifró la cantidad de personas que ocupaban la planta en 127.

El desalojo de las instalaciones se produjo “pese a la actitud hostil mostrada por los manifestantes”, señaló el comunicado, reproducido por la agencia de noticias Andina.

La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) denunció el 13 de este mes que la planta había sido tomada por más de un centenar de manifestantes.

“Han ingresado a las instalaciones de la Planta Compresora Kámani tras forzar los accesos, poniendo en riesgo la seguridad e integridad del personal y solicitando parar las operaciones de la planta”, dijo TGP aquel día, según el diario Gestión.

El presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, advirtió que la toma de esa clase de instalaciones podría paralizar el sistema de distribución de gas y dejar al país sin su principal fuente de energía.

La ocupación de la planta de Camisea se produjo en medio de la ola de protestas desencadenadas el 7 de este mes, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo después de que este anunciara la disolución del parlamento y el establecimiento de un gobierno excepcional con suspensión de garantías constitucionales.

Castillo fue arrestado inmediatamente y la Justicia le impuso 18 meses de prisión preventiva por rebelión y conspiración, por entender que intentó dar un golpe de estado.

Desde entonces, buena parte del país fue escenario de protestas -que dejaron cerca de 30 muertos- contra la sucesora de Castillo, Dina Boluarte, y en reclamo del adelantamiento de las elecciones generales previstas para 2026.

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