Venezuela exigirá Panamá y San Vicente y las Granadinas la repatriación de fondos enviados a esos países en un fraude denunciado por el gobierno por 4.850 millones de dólares en la estatal petrolera PDVSA. “Insistiremos en solicitar la repatriación de un dinero que fue robado y no vamos a renunciar jamás a la defensa de nuestros activos”, sostuvo el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, en un encuentro con la prensa. El martes, El Aissami había denunciado ante el Ministerio Público un “megafraude” en PDVSA, responsabilizando por el caso al exministro Rafael Ramírez, hombre de confianza del fallecido expresidente Hugo Chávez.
El Aissami explicó que Ramírez firmó un contrato de financiamiento con la administradora Atlantic en el primer trimestre de 2012, cuando lideraba la cartera energética y presidía la petrolera estatal bajo el gobierno de Chávez. En una junta extraordinaria de accionistas celebrada en marzo de 2012, detalló El Aissami frente a periodistas, el exministro aprobó un préstamo por 4.850 millones de dólares y PDVSA empezó a pagar ese mismo mes las cuotas con desembolsos a dos fondos en Panamá y San Vicente y las Granadinas.
“No existe registro alguno de entrada de ese dinero a las cuentas de PDVSA”, remarcó el funcionario que, en cambio, acusó a los venezolanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi de haber recibido los pagos en los fondos extranjeros. Posteriormente habrían transferido parte de ese capital a un familiar del opositor Leopoldo López, radicado en Madrid luego de salir de Venezuela.
¿Quién es Rafael Ramírez?
Blanco de investigaciones por corrupción desde 2017, en una ofensiva judicial que ha traído desde entonces un centenar de detenciones de exdirectivos de la compañía estatal, Ramírez calificó la denuncia como un montaje. La Fiscalía informó en febrero de 2021 que emitió una alerta roja de Interpol para que el exministro de Petroleo fuera capturado en Italia, donde reside actualmente, pero ese país negó la posibilidad de extradición.
Ramírez fue ministro de Petróleo desde 2002 y, simultáneamente a partir de 2004, presidente de PDVSA. Tras la muerte de Chávez, Maduro lo despidió de esos dos cargos en 2014. Desde entonces fue primero canciller por tres meses y después embajador ante la ONU por tres años, hasta que en 2017 rompió con el gobierno, que lo acusó de corrupción, y se exilió en Europa.
Además de Ramírez, el gobierno de Maduro le pidió al fiscal general, Tarek Saab, que investigue a otras cinco personas. Una de ellas, identificada como Abraham Ortega, está condenada por corrupción en Estados Unidos. Más tarde Saab reportó la detención del exvicepresidente de Finanzas de PDVSA, Víctor Aular, quien “suscribió el contrato de préstamo con la administradora Atlantic, responsables de un desfalco cercano a los cinco mil millones de dólares”.
