Gustavo Petro (foto), el flamante presidente colombiano, corre una carrera contra el tiempo. Y es que cuatro años son nada o casi nada para hacer frente a las múltiples deudas del Estado colombiano para con su propia población. Deudas que tienen, las más jóvenes, 70 años (la misma edad que el conflicto interno armado), mientras que las más viejas llevan ya los mismísimos 212 años de vida republicana, en una historia nacional siempre controlada por versiones más moderadas o más radicales de fuerzas invariablemente conservadoras.
Colombia tiene con sí misma una deuda agraria, una deuda racial, una deuda política, una deuda fiscal. Y la madre de todas las deudas: la deuda de la paz. Quizás eso explica la actividad febril de un gobierno que en los primeros 100 días de gobierno se ha mostrado muy activo, casi hiperquinético. Sus primeros logros incontestables son la rápida normalización de relaciones comerciales y diplomáticas con Venezuela; el relanzamiento de los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); y la presentación de tres grandes reformas -agraria, política y tributaria- para su tratamiento legislativo.
Paz total y amplias alianzas
Puede parecer una verdad de perogrullo, pero la paz se hace con los enemigos. Este aforismo puede explicar tanto el enfoque de «paz total» adoptado por el gobierno del Pacto Histórico, como la rapidez y pragmatismo con que Gustavo Petro decidió -y logró- construir una transversalidad parlamentaria que vino a cortar en dos el espectro político colombiano.
La “paz total” refiere a la definición de rescatar y poner en valor los Acuerdos de la Habana del año 2016 suscritos entre el Estado colombiano y la ex guerrilla de las FARC, asumiéndolos como parte integrante del programa de gobierno. Acuerdos que si bien implicaron la desmovilización y la dejación de armas por parte de la fuerza insurgente más antigua del continente, fueron sistemáticamente torpedeados por la administración de Iván Duque e incumplidos en lo fundamental por el Estado.
La estrategia del uribismo en el poder incluyó la desfinanciación de programas e instituciones del post-conflicto, el incumplimiento de elementos programáticos básicos como una nueva política de tierras, y resonados casos de malversación de fondos destinados a la paz, como reveló la investigación de los periodistas Sebastián Nohra y Valeria Santos.
Pero la “paz total” parte también de reconocer la continuidad del conflicto armado y la necesidad de negociar con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. E incluso, eventualmente, con algunas de las atomizadas disidencias de las FARC. A esto hay que sumar la peligrosa operatividad de grupos criminales altamente organizados, de características paramilitares, asociados a economías ilícitas como las del narcotráfico o la minería ilegal, que golpean con particular crudeza a los territorios habitados por campesinos, indígenas y afrocolombianos en departamento volátiles y vulnerables como los del Pacífico o la frontera colombo-venezolana.
Respecto a las alianzas, un raid de cumbres interpartidistas arrojó como saldo un inédito acuerdo parlamentario entre el progresismo y partidos tradicionales como el Conservador, el Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U. Esta suerte de frente post-uribista le asegura de momento a Petro una mayoría parlamentaria precaria y la garantía de no veto a sus reformas fundamentales, considerando que el Pacto Histórico apenas cuenta con una pequeña minoría propia en ambas cámaras (16 de 108 legisladores en Senado y 25 de 188 en Cámara de Representantes).
A cambio de que estas iniciativas puedan seguir su curso parlamentario, las fuerzas progresistas han debido ir moderando y hasta podando sus aristas más radicales: así sucedió con la eliminación del voto obligatorio que estipulaba la reforma política, con la reducción de la cantidad de tierras proyectadas para su distribución entre campesinos y comunidades étnicas, y con el recorte de los ambiciosos objetivos recaudatorios originales de la reforma tributaria. Otro hecho resonante y sintomático ha sido la compra de tierras a Fedegan, la poderosa federación de los ganaderos que expresan los intereses agrarios más concentrados del país, promotores históricos y beneficiarios directos de las últimas décadas del conflicto armado.
El contexto latinoamericano
Pero el nuevo gobierno no parece contentarse con esos ambiciosos objetivos de política doméstica. Pese a su pública y manifiesta hostilidad para con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, Petro logró desideologizar las relaciones con una nación vecina con la que comparte un pasado en común, flujos migratorios de larga data y nada menos que 2.219 kilómetros de frontera.
La devolución a Venezuela de la petroquímica Monómeros -apropiada por el gobierno de Duque- fue una firme decisión de Estado y un gesto de buena voluntad que distendió las relaciones, pese al recelo demostrado por los Estados Unidos. La normalización de relaciones no sólo es un asunto sensible en términos económicos para poblaciones fronterizas que son mutuamente dependientes. También resulta cardinal para la estrategia de paz y para el eventual recupero estatal del control de los territorios ocupados por las insurgencias y por los grupos paramilitares. Pero aún hay más: en departamentos fronterizos como Arauca y Norte de Santander, el Pacto Histórico obtuvo algunos de sus peores resultados en las últimas elecciones, por lo que una concienzuda política regional podría garantizar en el futuro mejores rindes electorales.
Petro parece proyectarse además como un emergente líder regional, cosa que no han logrado, a la fecha, ninguno de los mandatarios de esta “segunda ola progresista”, al menos hasta que Lula de Silva comience formalmente el tercer gobierno petista del Brasil. De hecho, la preparación política de Petro destaca por sobre sus homólogos latinoamericanos, paralizados por su moderación y falta de iniciativa, jaqueados por oposiciones belicosas y hasta golpistas, o afectados por variables económicas desfavorables como la devaluación de las monedas soberanas, la alta inflación o los precios crecientes de la energía y los alimentos, tendencias que sin embargo también afectan a Colombia.
A diferencia de las presidencias inesperadas de Alberto Fernández en Argentina (ungido en su candidatura por Cristina Kirchner); de Gabriel Boric en Chile (quien derrotó sorpresivamente a Daniel Jadue del Partido Comunista en la interna de la izquierda); o la de Pedro Castillo en Perú (quien fue postulado por el partido Perú Libre tras la inhabilitación política de su líder Vladimir Cerrón), Gustavo Petro lleva varias décadas ejerciendo cargos ejecutivos y legislativos y preparándose para la presidencia.
La definición de una nueva política exterior, el énfasis puesto en la integración de América Latina y el Caribe, el rechazo a la política de drogas impulsada en el país y la región por los Estados Unidos y la intervención de alto impacto de Petro en cónclaves internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comunidad Andina de Naciones y la COP27, parecen dar a Colombia un nuevo relieve internacional, y reintegrar al país a su natural espacio latinoamericano y caribeño.
Sociólogo, doctorando en Historia por la UNLP y becario e investigador en IdIHCS/CONICET.
