El Congreso unicameral de Perú aplazó nuevamente este martes, en principio hasta este miércoles, el debate y la votación sobre el eventual adelantamiento de las elecciones generales para este año, reclamado por el Gobierno y buena parte de la opinión pública como vía para solucionar la crisis política desatada en diciembre a partir de la destitución del presidente Pedro Castillo.
Paralelamente, el parlamento resolvió extender hasta el 10 de febrero el actual período legislativo, que vencía este martes y que de ese modo le ponía límite a la posibilidad de celebrar los comicios este año.
La sesión del Congreso, que sufrió de ese modo la tercera postergación consecutiva, quedó programada para este miércoles a las 11 (las 13 en la Argentina), informó su presidente, José Williams, en Twitter.
La decisión fue adoptada “con la finalidad de encontrar consenso entre la representación nacional y ante el pedido del presidente de la Comisión de Constitución”, explicó Williams.
El debate había sido programado en principio para el lunes y aplazado sucesivamente para este martes por la mañana y esta tarde, en medio de febriles negociaciones entre las autoridades de la Comisión de Constitución y representantes de las diversas bancadas, que aún seguían sin haber alcanzado un consenso, según la radio limeña RPP.
De acuerdo con la legislación peruana, el adelantamiento de elecciones, que implica una reforma de la Constitución, debe ser aprobado por dos legislaturas anuales consecutivas y este martes finalizaba la primera, que fue extendida hasta el 10 de febrero.
Si no se hubiera prorrogado ese período, la decisión sobre el anticipo de los comicios habría quedado postergada al menos por un año y habría sido imposible celebrarlos este año.
#CongresoInforma l Se amplía la primera legislatura del Período Anual de Sesiones 2022-2023, con el fin de debatir las reformas constitucionales que demanda la población. pic.twitter.com/IMwhA3REOc
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) January 31, 2023
Los legisladores habían acordado reabrir el lunes el debate, después de que la semana pasada no se hubieran alcanzado en el pleno los votos suficientes para aprobarlo.
Por tratarse de una reforma constitucional, para ser aprobada se requieren al menos 87 votos, equivalentes a dos tercios del total de 130 bancas.
El adelantamiento de los comicios es visto por la mayoría de la opinión peruana como la forma más efectiva de contener las protestas que estallaron tras la destitución de Castillo, y que dejaron decenas de muertos.
Los sucesivos aplazamientos del debate se debieron en buena medida a la sorpresiva decisión del bloque de Acción Popular (AP, de centro) de votar contra el adelantamiento de los comicios a este año.
La mayoría de AP se sumó de esa forma a los bloques de izquierda, entre ellos Perú Libre, y al del ultraconservador Renovación Popular.
Los partidos de izquierda consideran que la propuesta debe incluir un referendo sobre una convocatoria a una asamblea constituyente.
En cambio, la presidenta Dina Boluarte y el partido populista de derecha Fuerza Popular (FP, fujimorista y el más numeroso en el parlamento, aunque lejos de tener mayoría propia) abogan por anticipar las elecciones para este año y no para abril de 2024, como estableció el Congreso en diciembre.
Mientras las protestas aumentaban en ciudades del sur del país, tropas de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apostaron en los puntos de ingreso al aeropuerto internacional Jorge Chávez, en El Callao -al sur de la ciudad de Lima- ante una protesta que transcurría muy cerca de la terminal aérea y logró “dispersar a los manifestantes” que se dirían al lugar, informó la fuerza en un comunicado, según la agencia estatal de noticias Andina.
Tres personas fueron detenidas por los incidentes en las inmediaciones del aeropuerto, informó la Defensoría del Pueblo en Twitter.
Asimismo, la Defensoría reportó “manifestaciones violentas” en Andahuaylas, en el departamento sureño Apurímac, que dejaron al menos una persona herida, una madre con su bebé evacuados en helicóptero y dos detenidos.
A la vez, decenas de campesinos aimaras marcharon exigiendo la renuncia de la presidenta en Juliaca, en la región también sureña de Puno (a 1.270 kilómetros al sudeste de Lima), según la agencia AFP.
Al grito de “el pueblo unido jamás será vencido”, los campesinos con trajes típicos se movilizaron por las calles de Juliaca, donde el 9 de este mes fallecieron 18 personas en choques con las fuerzas del orden.
En Lima, cientos de manifestantes volvieron a marchar este martes por la tarde y llegaron hasta una distancia de unos 200 metros del edificio del Congreso, donde se produjeron algunos enfrentamientos con efectivos policiales, que los dispersaron con gases lacrimógenos, sin que hasta esta noche se reportaran heridos ni detenidos.
Màs temprano, el alcalde metropolitano de Lima, el ultraconservador Rafael López Aliaga, afirmó que el centro histórico de la capital será declarado “zona intangible” para evitar que se produzcan más actos de violencia y vandalismo.
Los manifestantes “están destrozando la economía de Lima, la economía de todo Perú”, sostuvo el funcionario, que señaló que 90% de la economía del país es informal y se sostiene con lo que las personas ganan cada día.
López Aliaga reclamó a Boluarte que saque al Ejército a las calles para que resguarde los aeropuertos, los puertos, las rutas, las centrales hidroeléctricas y “todo lo que sea esencial”.
Perú vive una ola de protestas antigubernamentales desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó a Castillo horas después de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.
En ese contexto murieron 48 personas (47 civiles y un policía) en enfrentamientos y otras 10 como consecuencia de los cortes de rutas, y al menos 1.162 personas (entre ellas, 629 policías) resultaron heridas, según el último balance de la Defensoría del Pueblo, publicado esta tarde.
La Defensoría reportó además que este mediodía se mantenían 74 cortes de rutas en diversos puntos de 23 de las 195 provincias en las que se dividen los 24 departamentos regionales del país.
De acuerdo con esas cifras, había este martessiete cortes más y dos provincias afectadas más que el lunes, cuando la PNP liberó al tránsito dos tramos de la clave ruta Panamericana Sur, en lo que se anunció como el comienzo de una serie de operativos para levantar los bloqueos de caminos.
