Confirman penas a 28 miembros de la banda liderada por ‘Marcos’ Estrada

Marco Estrada Gonzlez alias Marcos cuando fue enviado a Per
Marco Estrada González, alias “Marcos”, cuando fue enviado a Perú.

La Cámara Federal de Casación confirmó las condenas a 28 miembros de la organización dedicada a la venta de estupefacientes en el barrio porteño 1-11-14 del Bajo Flores liderada por Marco Estrada González, alias “Marcos”, quien en junio pasado fue expulsado a su país, Perú, en un operativo de seguridad especial que incluyó el traslado en helicóptero desde el penal donde estaba alojado.

La decisión fue tomada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, conformada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, quienes rechazaron los recursos interpuestos por las defensas de los 28 condenados y ratificó las penas impuestas por el Tribunal Oral Federal (TOF) 3, el 6 de noviembre de 2020.

En su voto, al que adhirieron Borinsky y Carbajo, el juez Hornos, rechazó los planteos efectuados por los defensores, entre otras cosas, por entender que se probó la existencia de “un plan común” y que “cada uno de los intervinientes tenía asignado un rol específico según la división de tareas acordada dentro de la organización para lograr comercializar cocaína, pasta base y marihuana y luego cambiar los dividendos a moneda extranjera”, de acuerdo a lo informado por el sitio institucional www.fiscales.gob.ar

“En las presentes actuaciones sí se determinó qué conducta perpetraba cada uno de los recurrentes y los distintos eslabones que existían dentro de la banda”, aseguró el camarista, quien también añadió que “las posiciones invocadas [por las defensas] muestran simplemente una discrepancia con la forma en la que el Tribunal a quo valoró los distintos elementos de prueba incorporados a la causa, toda vez que no fundan de manera fehaciente de qué manera dicha valoración ha sido errónea”.

Los condenados

De esta manera, confirmaron las penas recibidas por 28 de los 36 condenados en el juicio, quienes recibieron penas de entre 1 y 12 años y medio de prisión por distintos delitos.

En ese debate oral, que culminó en noviembre del 2020, en pleno aislamiento por la pandemia del coronavirus, el TOF 3 le aplicó a “Marcos” una pena de 17 años de prisión, pero se le unificó con una sentencia anterior a 10 años de encierro que había sido dictada en mayo del 2013, por lo que lo condenó a una pena única de 24 años.

Los jueces lo consideraron “organizador de una empresa destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la que intervinieran más de tres personas” en la villa 1.11.14, también conocido como el barrio Padre Ricciardelli, y coautor de “tenencia ilegal de material explosivo y acopio de armas”.

En el mismo fallo, que fue leído a través de una videoconferencia por el coronavirus y que fue seguida por los imputados desde la cárcel, el tribunal condenó a la esposa de “Marcos”, llamada Silvana Alejandra Salazar, a una pena única de 18 años de cárcel dado que ya cumplía otra a 8.

También condenó a su suegra, Lucía Enríquez Alarcón, alias “Doña Lily”, a la pena de 4 años y 6 meses de cárcel como “partícipe secundaria de tráfico de estupefacientes”.

Sin embargo, una investigación posterior de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), determinó que “Marcos” seguía dirigiendo desde prisión la banda narco.

Por tal motivo, el 20 de mayo pasado, el (TOF) 3 autorizó el extrañamiento (expulsión del país) a Perú de Estrada González, en un fallo en el que le solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones que disponga los medios para que realice el traslado del condenado a Lima y que le prohíba de manera permanente el reingreso a Argentina.

La expulsión se produjo finalmente en la madrugada del 22 de junio pasado, en medio de un operativo especial en el cual integrantes del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal Argentina (PFA) aterrizaron un helicóptero dentro del Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz, a bordo del cual subieron a Estrada González y se dirigieron rumbo a Ezeiza, donde -también bajo custodia federal- tomó un vuelo a Perú.

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