Colombia: una denuncia de espionaje y un intento de atentado marcan el inicio de un 2023 caliente | Crece la persecución contra el primer gobierno de izquierda en la historia del país

El año recién empieza pero Colombia ya nos regala días de alta intensidad política. Esta semana una investigación periodística reveló que el gobierno del expresidente Iván Duque habría realizado acciones de inteligencia para interceptar las comunicaciones electrónicas del equipo de campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro. El ahora mandatario pidió que la Fiscalía investigue los hechos, a los que llegó a definir como “un nuevo Watergate”. A esta grave denuncia se le suma el intento de atentado que sufrió la vicepresidenta Francia Márquez, quien denunció el hallazgo de un artefacto explosivo de siete kilos en la ruta que conduce a su residencia familiar, en la violenta región del Cauca.

¿Qué se sabe del espionaje a Petro?

De confirmarse esta investigación estaríamos ante un Watergate. Un gobierno espiando a la oposición, interfiriendo sus comunicaciones y en plena campaña electoral”, aseguró Petro en su cuenta de Twitter, haciendo referencia al caso de espionaje que condujo a la renuncia del expresidente estadounidense Richard Nixon. “Pediré a la Fiscalía General una investigación a profundidad de las interceptaciones hechas a mi campaña”, agregó el mandatario en relación a esta denuncia de “chuzadas”, como se conoce en Colombia a las acciones de espionaje gubernamental contra adversarios e incluso aliados.

El informe, difundido por el informativo Noticias Uno del canal Cablenoticias, demuestra que una serie de videos que se filtraron durante la campaña presidencial de Petro habrían sido grabados ilegalmente por un grupo que pertenecía a la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol). Los denominados “Petrovideos”, que fueron dados a conocer por El Tiempo, Semana y Caracol Radio en junio del año pasado, exhibían las estrategias del Pacto Histórico para contrarrestar a Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, rivales en la carrera presidencial. Las grabaciones surgieron poco después de que el ahora presidente estuviera primero en las encuestas rumbo al ballotage, después de ser el más votado en la primera vuelta por una amplia ventaja.

La novedad que trae el informe de Noticias Uno esta semana es que el espionaje habría sido realizado por cuatro agentes de la Dipol, quienes estaban destacados en una sala de monitoreo en Amsterdam, Países Bajos, con la misión de monitorear los celulares y las conversaciones de presuntos delincuentes colombianos. Esta operación, al parecer, fue omitida en el informe de transición entre el ministerio de Defensa saliente del gobierno de Duque y el entrante de Petro, a fines del año pasado.

El escritor y exsenador Gustavo Bolívar asegura que el presunto espionaje del gobierno de Duque contó con un millonario sistema tecnológico. “Fue un aparato que se compró desde la presidencia, desde la Alta Consejería para la Seguridad. Desde ahí se compró ese aparato, lo tenemos ubicado, con sus especificaciones. Es un aparato muy sofisticado para hacer grabaciones, interceptaciones, hackeo, una cosa bien sofisticada. Puedo decir es que no fue Semana la que grabó eso. Ya tengo clarísimo que eso se grabó desde el gobierno”, mencionó Bolívar a ese mismo medio, a la espera de que la Fiscalía brinde las primeras novedades de la investigación, tras la apertura del caso hace más de seis meses.

Presunto atentado con explosivos

Pero esta semana que pasó tuvo otro capitulo intenso y fue el intento de atentado a la vicepresidenta Francia Márquez, un hecho que no tuvo mucha difusión en los principales medios colombianos y que aún deja varios interrogantes. Márquez, la primera mujer afroindígena en ocupar la vicepresidencia colombiana, dio a conocer la denuncia en sus redes sociales: “Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de siete kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suarez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por personal anti explosivos de la Sijin (Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía)”.

Por las características y la ubicación del artefacto, el personal de inteligencia y seguridad concluyó que se trataba de un atentado en contra de la vicepresidenta. Al participar por primera vez en la Sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, Márquez dijo que el explosivo “buscaba socavar los esfuerzos de paz y justicia y social” de su gobierno. Sin embargo, y pese a ser consultada insistentemente por los periodistas durante una rueda de prensa, se negó a “hacer especulaciones” sobre los posibles autores, poniendo el caso en manos de la Fiscalía, “ente investigador que debe esclarecer los hechos”.

Márquez tiene un largo historial de agresiones e intentos de asesinato. En 2019, antes de asumir la vicepresidencia, fue atacada con granadas y ráfagas de fusil por su labor como activista ambiental en el departamento del Cauca, donde aún reside y fue plantado el artefacto desactivado el martes pasado. A finales de mayo del año pasado, en vísperas de la primera vuelta presidencial, la entonces candidata fue señalada con un láser durante un acto público de campaña y su equipo de seguridad saltó a la tarima para rodearla con escudos blindados. En agosto, pocos días después de que Petro asumiera el poder, un vehículo de la comitiva presidencial fue atacado con disparos mientras se desplazaba por una ruta en el nordeste del país.

Una región cooptada por la violencia

La poderosa carga de explosivos que puso en alerta al gobierno colombiano fue hallada el martes en uno de los departamentos más violentos de Colombia. Rebeldes exFARC disidentes del pacto de paz y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se disputan a sangre y fuego las ganancias derivadas del narcotráfico en Cauca, donde abundan los sembradíos de coca. 

Petro y Márquez integran el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, que busca desactivar el conflicto armado de seis décadas negociando con una amalgama de grupos armados que siguen operando tras el acuerdo que desarmó la poderosa guerrilla de las FARC en 2017. Los disidentes forman parte del cese al fuego bilateral de seis meses proclamado por Petro en la víspera de Año Nuevo.

El anuncio de tregua incluyó en un primer momento al ELN, pero los rebeldes desmintieron al gobierno la semana pasada, alegando que el cese al fuego no fue pactado en la mesa de negociaciones que sostienen con delegados del Ejecutivo en Caracas. En respuesta a la negativa del ELN, el gobierno ordenó retomar la persecución contra los 3.500 guerrilleros que tiene la organización, según estimaciones independientes.

En las últimas horas se supo que una delegación del gobierno colombiano y el ELN tendrán a partir del próximo martes una “reunión extraordinaria” en Venezuela para superar el impassePara dicha reunión no hay agenda pero se estima que el primer punto que abordarán las partes es aclarar la situación derivada del anuncio del jefe de Estado sobre el alto al fuego. Del mismo modo se espera que se ajusten los protocolos de comunicación sobre los avances de los diálogos.

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