El gobierno del presidente Alberto Fernández se encuentra en plena batalla para aprobar la Ley del Aporte Solidario y Extraordinario, a través de la cual las 9.298 personas más ricas del país pagarán un impuesto especial una única vez para paliar el impacto social y económico de la pandemia de coronavirus.
Con esta iniciativa, que ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el gobierno estima que recaudará alrededor de 300.000 millones de pesos (unos 3.800 millones de dólares), en un momento en el que la emergencia sanitaria ha empeorado la crisis económica que ya padecía el país desde que Fernández asumió la Presidencia en diciembre pasado.
Uno de los peores indicadores, por ejemplo, es el de la pobreza, que durante el primer semestre de este año creció del 35,4 % que dejó el expresidente Mauricio Macri, a un 40,9, pero se prevé que para fines de año superará el 45 %.
Aunque el universo de personas que pagarían este impuesto es mínimo en comparación con los 45 millones de habitantes que hay en el país, ya que solo afecta a las grandes fortunas, la oposición se resiste con el argumento de que el gobierno en realidad intenta crear un nuevo impuesto que afectará la producción, las inversiones y que no será extraordinario, sino que se tratará de convertir en permanente.
