Aumento de demanda en comedores y desfinanciamiento de programas nacionales – Con un diagnóstico social preocupante

Intendentes de la provincia de Buenos Aires compartieron con especialistas sus preocupaciones por la crisis socioeconómica.

A comienzos del mes pasado, ministros de Desarrollo Social de seis provincias se reunieron junto a un grupo de especialistas para analizar el panorama socioeconómico, que resultó en un documento que advertía acerca de la crítica situación y pedir la declaración de la emergencia alimentaria. Ayer, quienes organizaron ese encuentro, lo repitieron con varios intendentes de la Provincia de Buenos Aires junto a sus respectivos secretarios de áreas sociales. La jornada de trabajo se desarrolló en la sede de la Universidad Nacional de Hurlingham. Al cierre, el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, afirmó que “creemos firmemente en la paz social”, pero mostró su preocupación en relación al desfinanciamiento de los municipios.

“Nos duele lo que pasa en nuestros municipios, cuando se acerca una familia que ya no tiene luz o gas porque no puede pagar”, indicó Descalzo, quien ofició de vocero de sus pares. Fueron parte de la actividad los municipios de Almirante Brown, La Matanza, Malvinas Argentinas, Lomas de Zamora, Tigre, Navarro, Florencio Varela, Hurlingham, San Martín, Marcos Paz, Ituzaingó, Moreno, Merlo, Escobar y Cañuelas.

Este grupo de intendentes se reúne periódicamente para articular y delinear políticas que disminuyan el impacto de la crisis económica y social en sus territorios. En esta ocasión el objetivo del encuentro fue realizar un intercambio entre la gestión y la academia desde una perspectiva crítica, plural e interdisciplinaria.

La organización y convocatoria fue del Centro de Estudios Metropolitanos que dirige Matías Barroetaveña y del Centro de estudios de Ciudad (UBA) liderado por Adriana Clemente. Los convocados para exponer fueron, además de esas dos instituciones, Alfredo Zaiat (economista y jefe de la sección Economía de PáginaI12), Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda Social de la UCA), Antonio Colicigno (La Matanza), Marcelo Leiras (Universidad de San Andrés) y Germán Lodola (Unahur-UTDT).

Los distintos representantes de los municipios describieron un panorama sombrío desde lo social: aumento de demanda en comedores, baja en el empleo y desfinanciamiento de programas nacionales, particularmente en las partidas asignadas a seguridad alimentaria, salud y educación. En sus distintas exposiciones remarcaron los problemas de ejecución y gestión del gobierno provincial y nacional, y llamaron a garantizar la sostenibilidad de los programas sociales vigentes. Calcularon en 30 por ciento el aumento en los últimos meses de la entrega que realizan de alimentos y hablaron de crisis en las áreas de Niñez y Salud.

Zaiat realizó una análisis de la preocupante situación económica y el creciente peso de los intereses de la deuda sobre el presupuesto del año que viene. A su turno, Salvia advirtió sobre un aumento de la pobreza para este 2018, “el cual seguramente supere el 33 por ciento”, afirmó. Luego Barroetaveña sostuvo que “en la clase media baja han tenido que reducir porciones de comida y han eliminado de su canasta cualquier gasto que no se sea alimentación, alquiler o pagar servicios. Cuatro de cada 10 no pueden pagar las tarifas”. Leiras valorizó el rol de los gobiernos locales en la vinculación social, como constructores de ciudadanía y participación, en momentos de aumento de la desigualdad, fractura social y auge de discursos de odio. Lodola convocó a repensar cómo medimos la pobreza y, por ende, como se busca disminuirla, avanzando en una propuesta centrada en los bienes y servicios públicos. Por último, Clemente mostró profunda preocupación por el alto nivel de subejecución de partidas alimentarias y sociales, centrando su mirada particularmente en el Ministerio de Desarrollo Social nacional.

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