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ENARSA le pidió a Claudio Bonadio que la habilite a pagar los contratos de gas a pesar de que supuestos recargos derivaron en la detención de De Vido y Baratta.

El gobierno de Cambiemos le solicitó a la Justicia abonar las millonarias deudas que mantiene el Estado con los proveedores de GNL. Los funcionarios del PRO habían denunciado presuntos sobreprecios en esas transacciones y por eso mismo se habían mantenido impagas por cinco años. El cambio de estrategia va en línea con la declaración “espontánea” de Marcelo D’Alessio ante la fiscalía de Carlos Stornelli el año pasado.

Mediante un escrito al que accedió El Destape, IEASA (ex ENARSA) le pidió al juez Claudio Bonadio que la habilite a pagar casi U$S 40 millones por contratos de importación de gas de la administración anterior. De esta manera, la firma que preside Mario Dell’Acqua, ex vaciador de Aerolíneas Argentinas, dio por sobreentendido que no se pactaron sobreprecios en la importación del gas natural licuado en la administración anterior, el único motor por el que le dictaron la prisión preventiva al ex ministro de Planificación, Julio De Vido y al secretario de Coordinación Roberto Baratta.

La presentación fue efectuada por los abogados de la compañía estatal para poner a consideración de Bonadio “la necesidad de IEASA de proceder al pago de la deuda reclamada por ciertos proveedores internacionales de GNL en concepto de demoras y excesos de boil off incurridos en operaciones de descarga en las terminales de Escobar y Bahía Blanca durante 2014 y 2015”.

La empresa encomendó a Ernst & Young a una auditoría, que finalizó en mayo de 2018. La consultora contable estableció que de los 23 buques de GNL importados en 2014 el Estado debe U$S 6.400 menos de los U$S 14 millones calculados inicialmente. Sin embargo, por los 42 de 2015, las arcas públicas deben U$S 195.000 adicionales a los U$S 18 millones reconocidos.